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Cláusula de Gastos. La Traición del Copy Paste

La Sección Séptima la Audiencia Provincial de Valencia, y como ya apuntamos contrariamente a lo que indica la Sección novena ha interpretado, respecto a los gastos, que nos encontramos ante una condición general de la contratación y por tanto, dicha cláusula deberá superar el control de incorporación (si el consumidor la pudo entender) y el control de contenido (si existe equilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes). Así las cosas, se analiza si el prestatario esta obligado a soportar estas serie de gastos y se hace, nuevamente tres preguntas:

1.- ¿Beneficia a ambas partes por igual?
2.- ¿Beneficia a ambas partes proporcionalmente?
3.- ¿Sólo beneficia a una de las partes?

Con estas tres preguntas sobrevolando sus cabezas la reflexión es clara y contundente. El prestatario esta interesado en el contrato de préstamo, es evidente, quiere el dinero y ese es su negocio principal. En el momento de suscribir la hipoteca el prestatario no tiene ningún interés por poner como garantía ese preciado bien que es su vivienda, por tanto es un negocio secundario, sobre el cual quien tiene mayor interés es el prestatario pues con ello se garantiza la devolución de lo prestado, más los intereses, el gasto de papel, tóner y boli.

Pero adentrándonos en la conclusión del Tribunal respecto a los gastos se basa en dos puntos,

1.- Si la negociación fue individualizada y la prueba respecto a ello. Pues bien, en primer lugar llega a la conclusión de que estamos ante una condición general de la contratación, la cual no fue negociada, que además es una cláusula de adhesión, incorporada a una pluralidad de contratos. Con todo esto el Juez entiende que la nulidad deberá regirse por el artículo 8.2 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación en concordancia con el artículo 82.1 TRLGDCU y siguientes, concretamente se refiere al 82.2 de esta ley que indica “Que el empresario que afirme que una cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba” y pese a que la Entidad Bancaria había aportado la escritura y la oferta vinculante lo que se concluye es que esta es igual para todos los contratos puesto que en ningún momento se aportan otra serie de minutas que puedan demostrar una negociación individualizada.

2.- Si existe negociación individualizada y proporcionalidad en derechos y obligaciones, y aquí entramos en una clase de derecho de los contratos, donde nos recuerda que el contrato de préstamo se perfecciona por la entrega del dinero y la obligación que asume el prestatario de devolver otro tanto de la misma especie (1.740 CC) por tanto, no habla de intereses, ni habla mucho menos de que como requisito fundamental se precise el otorgamiento de escritura pública, ya ni levita la idea de la constitución de un segundo contrato de hipoteca como garantía accesoria; pero cuando constituimos esa garantía accesoria, por tanto dependiente del primer negocio jurídico que nos interesa a nosotros que nos presten el dinero, quien mayor interés tiene en obtener la escritura hipotecaria es el banco pues trae aparejada el título de Ejecución. Pues bien, justamente es la constitución de la hipoteca el hecho que genera la obligación de inscripción en el registro de la propiedad para facultar al prestamista a instar la Ejecución. Así las cosas, el Tribunal se vuelve a cuestionar si realmente el consumidor esta interesado en este negocio jurídico.

Llegados a este punto nos hace concluir que si diferenciamos ambos negocios, podremos aislar a su vez el interés y los interesados en los mismos, así las cosas la escritura pública es consecuencia del contrato accesorio de hipoteca, así como los aranceles y el impuesto de actos jurídicos documentados por la obligación que genera la hipoteca de documentar el préstamo. Por tanto, entiende el Tribunal que se omite el INTERÉS básico para determinar la proporcionalidad a la hora de repartir gastos, tal y como recoge la STS de 23 de diciembre de 2015 en su letra g del motivo séptimo.

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